Asimismo, la misma OMS señala que una de cada cinco mujeres en todo el mundo experimenta depresión en algún momento de su vida y que el riesgo de sufrir trastornos de ansiedad y desánimo es ligeramente mayor en ellas que en los hombres.
Otro dato importante es que durante la pandemia de COVID-19 agravó aún más la situación; la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó un incremento en los casos de violencia de género en muchos países de la región, lo que trajo como consecuencia un aumento de casos depresivos en mujeres.
Por ello, es indispensable abordarla desde una perspectiva de género al interior de las organizaciones, ya que, de no atender este problema, puede afectar negativamente el rendimiento laboral y la productividad del personal femenino, lo que a su vez puede influir en la rentabilidad de las empresas. Además, pueden necesitar tiempo libre adicional para recuperarse, lo que puede dañar la continuidad de su trabajo y su estabilidad personal.
Y es que el no tener un bienestar mental óptimo puede acarrear diversos efectos mentales y físicos como: fatiga y dolores, dificultad para llevar a cabo actividades diarias, problemas de concentración, deficiencia en la memoria y toma de decisiones, dificultad para comunicarse efectivamente, entre otros.
Un derecho humano
Es importante destacar que la salud mental es un derecho humano fundamental que debe ser una prioridad en las políticas públicas, por lo que se requieren medidas para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales; además de romper el estigma y la discriminación que la rodea, así como fomentar un diálogo más abierto y comprensivo sobre el tema.
Por ello, es esencial que las organizaciones adopten medidas para asegurar el bienestar mental de sus colaboradoras. Esto incluye proporcionar un ambiente de trabajo seguro y acogedor, ofrecer capacitación y recursos para la gestión del estrés y la ansiedad, promover un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Además, las empresas pueden ofrecer programas de apoyo como terapia, asesoramiento, y asegurarse de que sus políticas y prácticas sean inclusivas sin discriminar por el género.
