La brecha salarial de género en México sigue siendo una barrera estructural para la equidad en el ámbito laboral. De acuerdo con datos de la OCDE, en 2023, las mujeres que trabajaban a tiempo completo ganaban, en promedio, un 16.7% menos que los hombres en puestos equivalentes. A pesar de los avances en políticas de igualdad de género, México mantiene una brecha salarial superior al promedio de la OCDE (11.6%) y comparable a la de países como Estados Unidos (17%) y Canadá (17.1%). Si bien la desigualdad salarial en México no es la más pronunciada de la región —Argentina presenta una brecha del 27% y Chile del 23.3%— sigue siendo un reflejo de profundas inequidades en el mercado de trabajo.
Un paso adelante en la igualdad salarial, pero aún lejos de la equidad laboral
La desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres no solo es un problema de equidad, también es un reflejo de la segregación ocupacional y de las limitadas oportunidades de ascenso para las mujeres.
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Un análisis más detallado de los datos revela que la brecha salarial es mayor en los sectores con ingresos más bajos. En el Decil 1 (el 10% de los trabajadores con menor ingreso), las mujeres ganan 16.7% menos que los hombres en la misma categoría. En cambio, en el Decil 9 (el 10% con los ingresos más altos), la brecha se reduce a 11.3%. Esto significa que las mujeres que ocupan puestos mejor remunerados enfrentan una menor diferencia salarial con respecto a sus pares masculinos, mientras que la disparidad es más pronunciada entre aquellas en sectores peor pagados. Este fenómeno sugiere que la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres no solo es un problema de equidad, sino también un reflejo de la segregación ocupacional y de las limitadas oportunidades de ascenso para las mujeres.
Ante este panorama, la reforma al artículo 123 constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum marca un avance significativo en la lucha contra la brecha salarial de género en México. El principio de igualdad salarial es, en teoría, incuestionable. La evidencia internacional demuestra que la brecha salarial no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de factores estructurales que históricamente han relegado a las mujeres a empleos menos remunerados, con menores oportunidades de ascenso y en condiciones laborales precarias. Sin embargo, si bien la nueva reforma sienta un precedente legal importante, su alcance es limitado para la mayoría de las mujeres mexicanas.
La reforma constitucional busca garantizar igualdad salarial, pero su aplicación efectiva enfrenta una barrera insalvable: la alta informalidad laboral en México. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi (2024), el 53.7% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal. En el caso de las mujeres, esta cifra asciende a 54.2%, mientras que para los hombres es del 53.3%. Es decir, más de la mitad de las mujeres trabajadoras en el país no puede beneficiarse de esta reforma porque sus empleadores no están sujetos a regulaciones laborales formales.
El trabajo informal no solo implica la falta de contratos laborales, sino también la exclusión de beneficios fundamentales como seguridad social, acceso a servicios de salud, pensiones y derechos laborales básicos. La desigualdad salarial en este sector es aún más pronunciada, pues los mecanismos de regulación gubernamental no pueden garantizar su cumplimiento. En este contexto, la reforma constitucional tiene un impacto nulo para millones de mujeres que trabajan en la informalidad, lo que pone en evidencia la necesidad de una agenda de reformas laborales más amplia y estructural.
Si bien la reforma constitucional representa un paso adelante en el reconocimiento de la equidad salarial, por sí sola no es suficiente para garantizar una igualdad real en el mercado laboral. Existen otros factores que perpetúan la desigualdad de género y que requieren una intervención más profunda en el diseño de políticas públicas.
Uno de los principales problemas es la carga desproporcionada del trabajo de cuidados. En México, las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a actividades de cuidado y labores domésticas no remuneradas. Esto las coloca en una situación de desventaja en el acceso al empleo formal y a oportunidades de ascenso.
El acceso desigual a empleos bien remunerados es otro factor crítico. La segregación ocupacional limita la presencia de mujeres en sectores mejor pagados, como tecnología, ingeniería y finanzas. A pesar de tener igual o mayor nivel educativo que los hombres, muchas mujeres encuentran menos oportunidades de ascenso y se concentran en industrias con salarios más bajos.
También es fundamental atender la exclusión de trabajadoras en sectores precarios. Aunque en 2019 se lograron avances en el reconocimiento de derechos laborales para trabajadoras del hogar, la implementación de estas medidas ha sido desigual y lenta.
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Si bien la modificación del artículo 123 Constitucional representa un avance en la lucha contra la desigualdad salarial, su impacto real será limitado sin una estrategia integral que contemple la realidad del mercado laboral en México. La alta tasa de informalidad, la carga desproporcionada del trabajo de cuidados, la segregación ocupacional y la falta de incentivos para la equidad son factores que no pueden quedar fuera del debate.
Para que esta medida tenga un efecto tangible en la reducción de la brecha salarial, el gobierno debe impulsar una agenda de reformas más amplia que incluya estrategias para formalizar el empleo femenino, mecanismos efectivos de supervisión y sanción, incentivos para las empresas y un Sistema Nacional de Cuidados que permita a las mujeres participar plenamente en el mercado laboral sin ser penalizadas por sus responsabilidades domésticas.
El reconocimiento de la brecha salarial en la Constitución es un triunfo simbólico y político, pero sin una implementación efectiva y políticas complementarias, el riesgo es que se convierta en una medida sin efectos reales para la mayoría de las mujeres en México. La igualdad salarial es un objetivo necesario, pero solo podrá lograrse con una transformación profunda del sistema laboral y económico del país.
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Nota del editor: Fernanda Vidal-Correa es Profesora Investigadora de la Universidad Panamericana, Campus México. Doctora en Ciencia Política por el Departamento de Politics de la University of Sheffield. Maestra en Metodologías de Investigación Científica por ese mismo Departamento. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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