Estos actos no solo afectan su integridad física, sino que las exponen a mayores tasas de depresión, ansiedad y enfermedades de transmisión sexual, dejando secuelas que persisten mucho después de que cesa la violencia. Esta realidad exige acciones inmediatas y contundentes para transformar un sistema que, hasta ahora, ha sido insuficiente para protegerlas.
En México, la situación es igualmente alarmante. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 30 de septiembre de este año se habían registrado 2,581 mujeres víctimas de homicidio doloso y 848 presuntas víctimas de feminicidio. Esto significa que, en promedio, 10 mujeres son asesinadas de forma violenta cada día en el país. Además, se reportaron 22,725 presuntos delitos de violación y 284,140 presuntos delitos de violencia familiar, cifras que reflejan la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres mexicanas.
Estos números no son solo estadísticas; representan vidas truncadas, familias destrozadas y una sociedad que no puede permitirse normalizar la violencia de género. Es imperativo que tomemos medidas concretas para erradicar esta problemática. Esto incluye fortalecer las leyes existentes, garantizar su aplicación efectiva, proporcionar apoyo integral a las víctimas y, fundamentalmente, educar a las nuevas generaciones en la igualdad y el respeto.
La violencia no se combate con promesas, sino con acciones. Y esas acciones no pueden depender de esfuerzos aislados. Requieren una colaboración coordinada entre gobiernos, empresas, comunidades y cada persona comprometida con un futuro igualitario.
¿Qué podemos hacer?
Desde el sector privado, las empresas tienen el poder de transformar espacios laborales en entornos seguros y libres de violencia. Esto implica implementar protocolos claros para denunciar y atender casos de violencia, garantizar igualdad de condiciones para hombres y mujeres y fomentar una cultura de respeto e inclusión.
Por su parte, los gobiernos deben redoblar esfuerzos en políticas públicas que aborden no solo las consecuencias, sino las raíces de la violencia. Es imprescindible garantizar acceso a refugios, atención psicológica y mecanismos judiciales efectivos para las sobrevivientes. Asimismo, es crucial invertir en la educación de las nuevas generaciones para enseñar desde temprana edad el respeto y la igualdad como valores fundamentales.
La tecnología también puede convertirse en una herramienta poderosa contra la violencia de género. Aplicaciones móviles, líneas de ayuda y plataformas digitales pueden facilitar el acceso a recursos, asesoría y protección inmediata para las mujeres en riesgo. Además, la recopilación y análisis de datos pueden ayudar a identificar patrones de violencia, optimizar la asignación de recursos y diseñar estrategias de prevención más efectivas.
