La Organización Internacional del Trabajo calcula que 606 millones de mujeres en edad de trabajar están fuera de la fuerza de trabajo remunerada debido a sus responsabilidades de cuidados. En nuestro país, hay 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados, y más de seis de cada diez los recibe por parte de una persona de su hogar o de otro hogar, según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), publicada por el INEGI en 2022.
Hay mucho más allá de números, cada procentaje ilustra la historia de millones de personas padeciendo doble o triple jornada por los cuidados que debe proveer a algún menor de edad, persona adulta mayor, persona enferma o con alguna discapacidad de su núcleo significativo.
Ante este contexto, cada 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras y el pasado 29 de octubre fue por primera vez el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, ambos proclamados por la ONU con el objetivo de reconocer el trabajo de cuidado y su importancia para el bienestar social, visibilizando su aporte al desarrollo humano y económico. Y no se trata de agregarle una efeméride al calendario, sino de un llamado urgente a la acción para que los gobiernos del mundo respondan para proveer el sistema público de cuidados, elemento central en para avanzar en términos de igualdad sustantiva.
En nuestro país es un tema pendiente. Desde 2020, el Senado de la República debe resolver el análisis de una minuta que busca reconocer, a nivel constitucional y no sólo en una ley, el derecho a recibir cuidados y a cuidar. Dicha iniciativa, originada en la Cámara de Diputados al igual que la más reciente, permanece estancada sin resolución.
El 12 de abril de 2024, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social que reconoce el trabajo de cuidados y ofrece apoyo económico a quienes lo realizan, aunque se mantiene sin presupuesto asignado. Si estamos en tiempo de mujeres y la mayoría de quienes cuidan son mujeres, ya es momento de exigir resolución al respecto.
Tomar medidas en este sentido debe acompañarse de activismo para visibilizar no sólo la importancia del trabajo de cuidado o la necesidad de revalorarlo en términos de su impacto económico —se acercarían al 20 por ciento del PIB Nacional, según cálculos del Inegi— sino todo lo que rodea a esta desigualdad porque también deja secuelas a nivel de salud mental.
La persona cuidadora se confronta cotidianamente con cansancio crónico, angustia, ansiedad, frustración, incertidumbre, tristeza e incluso depresión al saberse sin opciones para cambiar su realidad y la de la persona cuidada.
