El derecho al aborto es un tema complejo y multifacético que involucra cuestiones de salud pública, derechos humanos, igualdad de género, justicia social y autonomía. La importancia de garantizar este derecho radica no solo en la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, sino también en la protección de su salud y bienestar general, incluso, de su vida. Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, es un buen momento para revisar cómo va la Marea Verde.
28S: Marea Verde y vida
La criminalización o restricción del aborto no evita su práctica, sino que obliga a muchas a recurrir a métodos clandestinos.
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Cada año se practican 73 millones de abortos en todo el mundo, de los cuales se estima que 25 millones son inseguros --el 34%--, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En otras palabras: más de dos millones de adolescentes y mujeres arriesgan su vida cada día al interrumpir el embarazo. La criminalización o restricción del aborto no evita su práctica, sino que obliga a muchas a recurrir a métodos clandestinos.
En los países más desarrollados, por cada 100,000 abortos peligrosos se producen 30 defunciones. Sin embargo, esta proporción se incrementa drásticamente en regiones emergentes y llega hasta las 220 defunciones, de acuerdo con datos de la OMS de 2021. Esto demuestra que la prohibición del aborto no solo falla en su propósito de proteger la vida, sino que, de hecho, incrementa el riesgo de muerte y complicaciones severas para muchas gestantes.
Era 1950 cuando Corea del Sur se convirtió en el primer país en legalizar el aborto, y a partir de 1953 otras naciones siguieron su ejemplo, reconociendo la necesidad de garantizar este derecho para preservar la salud y la vida de las mujeres. Sin embargo, potencias como Estados Unidos, que en 1973 legalizó el aborto, lo revocó en 2022 a nivel constitucional transfiriendo la decisión a cada estado, lo cual exacerba las desigualdades en el acceso a servicios de salud reproductiva.
Por estos rumbos, la Ciudad de México fue la primera en despenalizar el aborto en 2007. Hoy, ya son 16 estados, lo cual representa un avance en términos de derechos de la mujer, equidad y justicia social, pero la lucha está aún lejos de finalizar, pues la clandestinidad y prejuicio social asociado a una errada visión conservadora frente a problemas tan graves como el abuso sexual infantil, la violación o el riesgo para la madre por problemas durante la gestación todavía afectan a un número significativo de mujeres.
El Instituto Guttmacher, organización privada en lucha por el derecho al aborto, estima que entre 750,000 y un millón de abortos clandestinos ocurren anualmente en el país. Este dato ilustra las consecuencias letales que puede tener la falta de acceso a servicios de aborto seguro y evidencia una realidad donde la prohibición no disuade, sino que invisibiliza y criminaliza a las gestantes.
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Una sociedad más justa y equitativa no puede omitir la Interrupción Legal del Embarazo como parte de la agenda progresista de derechos que nos acercará a los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados por la ONU en su Agenda 2030. No nos confundamos: nadie dice que el aborto es un método anticonceptivo, pero sí que urge abortar estigmas respecto a su legalización para proteger vidas, este 28S y siempre.
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Nota del editor: María Elena Esparza Guevara fundó y preside Ola Violeta A.C. Es Doctoranda en Historia del Pensamiento por la UP, Maestra en Desarrollo Humano por la Ibero y egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Síguela en X como @MaElenaEsparza Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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