Sin embargo, el hecho de que el tema esté en la agenda social y mediática no garantiza que se trabaje de manera efectiva en la generación de oportunidades de desarrollo y prosperidad para todos los integrantes de nuestra sociedad.
Entendiéndola como la posibilidad de ascenso o descenso entre estratos socioeconómicos, nuestro país se ha caracterizado por una baja movilidad social, convirtiendo a la exclusión como un elemento que puede heredarse de generación en generación. Esto deriva en un círculo vicioso -no virtuoso- que detiene las expectativas de progreso de las mujeres y de sus hijos, quienes crecen con una huella que suele marcar su desarrollo educativo y profesional, profundizando las desigualdades y acrecentando la brecha entre las distintas capas sociales.
Ante este panorama, las mujeres tienen que remar contracorriente y enfrentarse a un reto más en la larga lista de desigualdades de género que incluyen a la violencia y la discriminación.
Uno de los principales obstáculos es la mayor carga diferenciada en las tareas no remuneradas como el cuidado de menores o adultos mayores, hecho que les impide, en distinta medida, participar en la educación y el empleo, así como el acceso a mejores servicios de seguridad social, formación de patrimonio y contar con planes de pensiones y retiro.
La disparidad en el acceso a servicios de salud sin duda impacta considerablemente sus posibilidades de movilidad social, colocándolas en condiciones de vulnerabilidad. Estas brechas pueden implicar que una enfermedad acabe con el patrimonio familiar y con las posibilidades futuras de ingreso.
En temas educativos, es vital acrecentar los esfuerzos para ampliar el acceso a una mejor educación que les permita adquirir habilidades y conocimientos necesarios para insertarse y desenvolverse eficientemente en el ámbito laboral. Debemos recordar que la educación es la clave del conocimiento y el principal detonador de movilidad social.
El Centro de Estudios Espinosa Iglesias (CEEY) señala que, para lograr una mayor movilidad, es necesario elevar la igualdad de oportunidades a través de la protección social, la educación de calidad, la flexibilidad laboral con seguridad y la inclusión financiera. En su último Informe de Movilidad Social 2019, destaca tres retos importantes en políticas públicas para favorecer la movilidad social en las mujeres a través de:
1. Una política educativa incluyente y de calidad que mejore las competencias cognitivas y socioemocionales de las estudiantes y que establezca un mecanismo amplio para facilitar —que no adelantar— la transición de los jóvenes de la escuela hacia el mercado laboral.
2. Un mercado laboral más estable y formalizado que incorpore a las políticas y programas, acciones afirmativas y compensatorias en favor de la población con condiciones socioeconómicas desfavorables de origen, la población indígena y las mujeres.