En tiempo de mujeres, el pacto patriarcal se impuso.
El caso de Cuauhtémoc Blanco es un episodio más de la herida que sangra en el corazón de la agenda global de género: la impunidad de los agresores. Cada decisión política, cada voto en la Cámara de Diputados a favor de proteger a un personaje sobre quien pesa acusación de un delito sexual de género es un golpe contra todas las víctimas. Contra las millones de víctimas silenciadas en todo el mundo.
Para colmo de las coincidencias, la sesión en la cual fue discutido el desafuero del ex futbolista y ex gobernador de Morelos cayó en 25 de marzo, Día Naranja del Mes de la Mujer. Sí, el día designado por la ONU para generar conciencia y pasar a la acción para poner fin a la violencia contra las niñas y mujeres en todo el mundo. Y la única acción vista fue a favor de los privilegios de poder.
Aventuro esta hipótesis: los diputados que votaron en contra de la oportunidad del desafuero –nadie dice que Blanco es culpable, pero sí que debe enfrentar el proceso de desahogo de la carpeta por violencia de género en su contra sin protección del Estado– tuvieron miedo de sentar un precedente que después podría actuar en su contra. Hoy él, ¿mañana yo? ¡Las víctimas pueden esperar!
En otra escena, una diputada se acerca a la estrella de la cancha para que le firme su playera del América. Se llama Jessica Ramírez y es compañera de bancada de Blanco, de Morena. Mientras decenas de colectivas y activistas seguíamos atentas la sesión con la esperanza de que ganaría el voto a favor de la justicia, ella, representante popular, se tomaba la foto con el señalado. Las víctimas pueden esperar.
Podríamos revisar los votos emitidos desde cada curul, podríamos auditar el comportamiento de cada partido. Pero entonces estaríamos perdiendo el foco de la falla y seríamos corresponsables de la politización hasta para aplicar los Derechos Humanos y nociones tan básicas de la agenda contemporánea como creer en la palabra de la parte acusadora, de la parte violentada.
Mientras la agenda política y, peor, la partidista sigan por encima de la de género, poco avanzaremos contra el muro patriarcal. Y ese es el gran problema y revelación de este caso; no es un asunto personal, ni la historia de un diputado y su media hermana; es cómo operan las instituciones frente a un expediente tan público y visible. ¿Qué mensaje manda a las agredidas en contextos de asimetría de poder cuyo caso no se viraliza?
La violencia de género es una realidad estructural que nos atraviesa. Es el miedo que se instala en los ojos de una mujer cuando camina sola en la calle, es el silencio forzado en la mesa familiar –no debemos olvidar que ocho de cada diez agresiones contra mujeres ocurren en el entorno privado–, es la vergüenza impuesta como una segunda piel.
Las diputadas que alzaron la voz en San Lázaro, incluidas varias de su propia bancada y eso debe reconocerse, lo saben: la lucha no es solo contra un agresor individual, es contra el sistema que reproduce revictimización, normaliza la violencia e incluso la protege.
El nuevo fiscal de Morelos, Édgar Maldonado puede y debe investigar todas las irregularidades en el expediente y habremos se supervisar esa responsabilidad, pero no podemos creer que las deficiencia solamente no están en el papel. La deuda está sino a la acción a la cual más de 185 países, entre ellos el nuestro, renovaron su compromiso en la recién concluida Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) 69, en la sede de las Naciones Unidad en Nueva York. Yo estuve ahí, vi la firmeza con la cual la secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández se posicionó contra todas las formas de violencia. No podrá sola y no debe estarlo. ¿Quién, desde el poder, la acompañará?
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Nota del editor: María Elena Esparza Guevara es fundadora de Ola Violeta A.C. Doctoranda en Historia del Pensamiento por la UP y egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres de la Universidad de Oxford. Síguela como @MaElenaEsparza Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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