En las últimas semanas, denuncias surgidas en el ámbito del entretenimiento —y amplificadas por la relevancia internacional de sus protagonistas— volvieron a colocar la violencia sexual en la conversación pública. No es la primera vez ni será la última. Lo relevante no son los nombres asociados a la farándula, sino que estos casos siguen revelando la persistencia de un sistema que tolera, minimiza y, en muchos casos, protege el abuso.
La violencia sexual y la deuda que persiste en 2026
En el ámbito laboral e institucional, la prevención no puede seguir siendo un apéndice ni un protocolo de cumplimiento; tiene que ser una decisión explícita de cultura y de poder.
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Más allá de los nombres, lo que debería indignarnos es la forma en que el poder sigue utilizándose como escudo. Lo que para algunos se reduce a un asunto de reputación, para muchas mujeres es la confirmación de una realidad persistente. La noción de que la jerarquía, el prestigio o el éxito pueden colocarse por encima de la integridad y la dignidad de las personas. Estas prácticas no son excesos aislados, sino expresiones que se sostienen —y se encubren— desde relaciones de poder profundamente normalizadas.
Esa lógica no se limita a los titulares ni a figuras públicas. Este tipo de agresiones atraviesa todos los espacios y todas las capas de la sociedad. Ocurre en el transporte público, en los centros de trabajo, en las comunidades y también en los hogares. Se manifiesta de formas distintas, a veces explícitas y otras normalizadas, pero siempre con el mismo efecto. Recordarles a las mujeres que su presencia en el espacio público y laboral sigue siendo cuestionada y condicionada.
Lo vimos de manera particularmente cruda el año pasado, cuando la propia Claudia Sheinbaum fue víctima de una agresión de este tipo. El hecho resultó revelador. No se trató de un caso aislado, sino de una señal de cómo el espacio público sigue siendo hostil para las mujeres, incluso cuando el poder formal les pertenece. Estas conductas no se disuelven frente a la jerarquía. Al contrario, suelen apoyarse en ella para reafirmar su impunidad.
A partir de ese impulso, se han dado pasos importantes, especialmente en la homologación legislativa a nivel federal y en algunas entidades del país. Sin embargo, la efectividad de estas medidas sigue dependiendo de algo más complejo que una reforma legal. Depende de su aplicación consistente en cada estado, de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y, sobre todo, de un cambio cultural que no se decreta, sino que se construye y se sostiene en el tiempo.
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Esa vulnerabilidad no es solo una percepción. En 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 9,930 llamadas de emergencia por acoso y hostigamiento en todo el país. La Ciudad de México concentró 1,107 reportes, la cifra más alta a nivel nacional. Detrás de cada llamada hay una mujer que tuvo que pedir auxilio porque alguien se sintió con derecho a invadir su espacio, su integridad o su tranquilidad. No son episodios aislados, sino señales claras de que el entorno cotidiano sigue fallando como espacio seguro para las mujeres.
Una responsabilidad compartida
La responsabilidad de cerrar esta brecha no recae únicamente en el Estado. Las empresas, las instituciones educativas, los medios y los liderazgos sociales tienen un papel determinante. No basta con protocolos que existen solo en el papel ni con respuestas reactivas cuando el daño ya ocurrió. Mientras estas conductas sigan tratándose como un riesgo reputacional y no como una falla de liderazgo, el problema seguirá reproduciéndose en espacios que, en teoría, deberían ser seguros.
Si algo hemos aprendido es que la erradicación de estas conductas no empieza cuando el daño ya está hecho. Empieza mucho antes, en la forma en que se ejerce el liderazgo y se construyen los entornos cotidianos. En el ámbito laboral e institucional, la prevención no puede seguir siendo un apéndice ni un protocolo de cumplimiento; tiene que ser una decisión explícita de cultura y de poder.
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Para avanzar en serio, hay al menos tres frentes que no pueden seguir postergándose. Primero, el compromiso real desde la alta dirección. Mientras la tolerancia cero no sea un mensaje claro y sostenido desde quienes toman decisiones, cualquier esfuerzo será frágil. Segundo, mecanismos de denuncia confiables y protegidos, donde hablar no implique perder el empleo, la reputación o la carrera profesional. Y tercero, formación constante para identificar dinámicas de abuso, normalización y silencios que hoy siguen pasando inadvertidos.
Construir espacios libres de violencia no es un gesto simbólico ni una concesión reputacional. Es una condición básica para que las mujeres puedan incorporarse, permanecer y crecer en igualdad de condiciones. Cuando las organizaciones fallan en esto, no solo fallan las víctimas; falla el talento, falla la productividad y falla el desarrollo mismo del país.
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Nota del editor: Laura Tamayo es Directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad en Bayer México. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
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