En México, el año 2024 augura un hito histórico: la posible llegada de mujeres a los puestos más relevantes. Este escenario, donde la Presidencia, el Instituto Nacional Electoral, las cámaras legislativas, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral podrían ser liderados por el sector femenino, anticipa un cambio significativo en nuestra nación.
Sin embargo, los avances no se distribuyen uniformemente; aún podemos notar notables disparidades entre diversos grupos, especialmente entre las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como aquellas que residen en zonas rurales y aquellas que enfrentan algún tipo de discapacidad. También se evidencian diferencias en los niveles de gobernanza, con una representación femenina notablemente desigual y aún insuficiente en los ámbitos locales.
Por tanto, es esencial fomentar un diálogo más profundo sobre la equidad de género en el ámbito gubernamental. Debemos desafiar las arraigadas desigualdades y garantizar un trato equitativo para todos los actores políticos, no solo a nivel local, sino a escala global.
Según datos proporcionados por UN Women en 2023, solo 28 mujeres ocupan roles como Jefas de Estado y/o de Gobierno en 26 países. Además, solo seis países tienen un 50 por ciento o más de participación femenina en sus parlamentos en cámaras bajas o parlamentos unicamerales: Rwanda (61%), Cuba (53%), Nicaragua (52%), México (50%), Nueva Zelanda (50%) y Emiratos Árabes Unidos (50%). Estas cifras revelan que, manteniendo el ritmo actual, lograr la igualdad en las posiciones de mayor autoridad requerirá otros 130 años para concretarse.
Mirando más allá de las estadísticas
Alcanzar la paridad de género en el ejercicio del poder exige un compromiso firme y acciones concretas que permeen a nivel institucional, social y cultural. Este compromiso debe reflejarse en la revisión y reforma de las estructuras institucionales que perpetúan la desigualdad, en la promoción de una cultura que valore y respalde el liderazgo femenino, y en la implementación de medidas específicas para eliminar barreras sociales y culturales que limitan su avance en roles de toma de decisiones. Algunas que considero esenciales son:
- Revisar y reformar leyes y normativas que perpetúan la desigualdad. Esto implica eliminar disposiciones discriminatorias y promover leyes que respalden la igualdad de oportunidades.
- Promover la transparencia en los procesos de selección y promoción, asegurando que las decisiones se tomen de manera objetiva y que se rindan cuentas en caso de prácticas discriminatorias.
- Implementar políticas educativas que promuevan la igualdad de oportunidades desde las etapas iniciales, eliminando estereotipos de género en los programas académicos y proporcionando acceso equitativo a la educación para mujeres y niñas.
- Establecer incentivos y reconocimientos para las empresas y organizaciones que impulsen la imparcialidad en sus estructuras de liderazgo y promuevan un entorno inclusivo.
- Realizar políticas que faciliten la conciliación entre la vida laboral y personal, como licencias parentales equitativas y servicios de cuidado infantil accesibles.
- Socialmente, se debe fomentar una cultura que valore y apoye el liderazgo femenino, desafiando roles arraigados que limitan las aspiraciones de las mujeres y promoviendo una distribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidado.
