“El derecho a decir, entendido como la libertad que le permite a la mujer elegir quien quiere ser en relación con la posibilidad de procrear… este derecho reconoce en la mujer y en las personas con la capacidad de gestar como las únicas personas titulares de su plan de vida, a partir de su individualidad e identidad propia, lo que constituye la raíz de la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección y no de una sanción”, dijo Aguilar durante la presentación de su propuesta, postura que fue celebrada por el resto de los y las ministras de la SCJN.
En la misma línea, el ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que el delito de aborto castiga a las mujeres más pobres, más marginadas y discriminadas de este país. "Es un delito que en los hechos castiga a la pobreza”, dijo.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel dijo que las posibilidades de que una mujer o persona gestante fallezca o sufra alguna enfermedad física o psíquica se incrementa cuando no se obtiene atención médica adecuada, derivado de la criminalización de esa conducta.
La ministra Norma Piña señaló que la penalización del aborto en realidad castiga la conducta sexual de mujeres.
En México se hace historia al declarar inconstitucional castigar el aborto