“No hay ningún país en todo el mundo que brinde igualdad de oportunidades a las mujeres, ni siquiera las economías más ricas”, sentencia el reporte ‘La mujer, la empresa y el derecho’ realizado por el Banco Mundial, lo que revela una realidad apabullante para millones de mujeres que enfrentan múltiples obstáculos para formar parte de la fuerza laboral.
Retos en equidad para cerrar la brecha de género y el impulso del nearshoring
Aunque la desigualdad no es exclusiva de México, hay consideraciones globales que pueden ser un punto de partida para habilitar nuevas y más favorables condiciones.
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En México hoy se vive una realidad histórica en la que el más alto cargo, la presidencia del país, será ocupado por una mujer a partir de octubre de 2024, luego de que Claudia Sheinbaum resultara electa en los comicios más grandes en la historia de la nación, un hito que antecede incluso a potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá.
No hay duda que esto marcará un antes y un después en términos de inclusión y equidad en nuestro país. Sin embargo, para dimensionar los desafíos actuales en materia de equidad y brecha de género en México, es necesario determinar los múltiples factores de la esfera personal que experimentan exclusivamente las mujeres y que impactan en la posibilidad de desarrollarse económicamente, lo que en conjunto permitiría trazar una ruta efectiva que permita al país reducir dicha brecha.
De acuerdo con la institución, México es el cuarto país con la menor participación económica de las mujeres en América Latina. Solo el año pasado 53.3 millones de mujeres de 15 años o más fueron activas económicamente, pero sólo el 46% tuvo un trabajo remunerado.
Una de las dimensiones del Índice de Desarrollo Industrial 2023 de FINSA es el entorno social, el cual busca analizar qué tan favorables son las condiciones sociales de cada entidad del país desde diversas perspectivas, entre ellas la inclusión, que entre sus criterios contempla la participación económica de las mujeres.
Según los datos de dicho índice, las mujeres tienen una mayor participación económicamente activa en CDMX, Oaxaca, Nayarit e Hidalgo, bajo un rango que oscila entre 43% y 45%; lo que contrasta con la menor participación en entidades como Chiapas, Tabasco, Zacatecas y Campeche, con valores que rondan entre el 33% y el 38%.
La siguiente pregunta sería ¿cómo desarrollamos una ruta para reducir la brecha de género? Aunque la desigualdad no es exclusiva de México, hay consideraciones globales que pueden ser un punto de partida para habilitar nuevas y más favorables condiciones.
El Banco Mundial plantea que un punto medular de la desigualdad está en la implementación efectiva de la ley pues, en la práctica, menos del 40% de alrededor de 190 economías globales ejecutan un mecanismo para su aplicación plena, es decir, en el papel es claro, aunque en la realidad no tanto.
Esto significa que, para que la igualdad de oportunidades sea efectiva, es imperativo que las economías cuenten con un marco jurídico adecuado y con mecanismos de cumplimiento sólidos.
Pese al desesperanzador escenario, el Banco Mundial tiene una proyección muy ambiciosa: si la brecha de género se cerrara activamente en el mundo, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial crecería alrededor del 20%.
Los cimientos en el T-MEC y el impulso del nearshoring
Un acuerdo comercial clave en muchos ámbitos para México es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, ratificado a finales de 2018, el cual esboza en algunos capítulos -directa o indirectamente- la inclusión de las mujeres, puntualmente en tres ejes: en material laboral, Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) y en competitividad.
En Capítulo 23 del T-MEC, referente a materia Laboral, prohíbe puntualmente la discriminación en el empleo, lo que marca el compromiso para promover la equidad de género en el trabajo, además de exhortar a desarrollar políticas que protejan a los empleados ante cualquier tipo de discriminación, lo que claramente incluye a las mujeres.
En uno de los apartados iniciales del Capítulo 25, que aborda la cooperación para elevar las oportunidades de comercio e inversión para las pymes, se plantea justamente que se debe de fortalecer su colaboración en actividades para promover a los emprendimientos de grupos subrepresentados, incluidas las mujeres y otras minorías.
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Pero hacerlo no es tarea fácil, pues en México siete de cada 10 mujeres consideran que el acceso a financiamiento para emprender es una de las principales barreras. Y pese a ello, de las 13 millones de mujeres que trabajan en la informalidad, al menos cinco millones han emprendido, mientras que de las 11.7 millones que trabajan en la formalidad, únicamente 1.1 millones son emprendedoras, según el Inegi.
Finalmente, el Capítulo 26 establece la creación de un Comité de Competitividad de América del Norte y recupera la obligación de integrar a grupos subrepresentados, el cual debe considerar recomendaciones dirigidas a mejorar su participación de las pymes, así como las empresas de grupos subrepresentados.
Si bien este escenario supone desafíos que no son menores, la gran pregunta es ¿por dónde empezar? Reconocer que existen condiciones desfavorables a las que se enfrentan las mujeres en México como las altas tasas de informalidad, la brecha de ingreso por género y la violencia laboral, lo que en principio inhibe la autonomía económica para ellas, supone un punto de partida ideal.
Este escenario, agudizado tras la pandemia por el Covid-19 y la consecuente crisis económica global, implica un mayor compromiso para generar nuevas políticas públicas que den certezas y abran más puertas a las mujeres de México. Y el hecho de que el próximo gobierno esté liderado por una mujer, potencia en el colectivo la posibilidad de que la realidad de desventaja por la brecha de género, cambie.
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Nota del editor: Sergio Argüelles es CEO de FINSA y exPresidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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