Malú Micher, la senadora que legisla desde el feminismo

E: ¿Qué busca el proyecto aprobado por los y las senadoras en materia de justicia?
MM: La Cámara de Senadores aprobó un proyecto para regular a los Centros de Justicia para las Mujeres, pues estos ya existían. Pero con este cambio buscamos dotarlos de las atribuciones, alcances, características y lineamientos generales que requieren para operar y prevenir eficazmente la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

El dictamen incluye dos minutas que envió la Cámara de Diputados para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, con el fin de establecer un capítulo referente a los Centros de Justicia para las Mujeres.

Se trabajó primero en la definición de los Centros de Justicia para las Mujeres, que ahora son reconocidos por la ley como espacios multidisciplinarios e interinstitucionales donde se atiende, de forma gratuita e integral, a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, las 24 horas del día los 365 días del año, en condiciones de accesibilidad también para mujeres con alguna discapacidad, para lo que se contará con intérpretes.

E: Si ya existían, ¿cuál es la diferencia y su finalidad?
MM: ¡Mucha! Desde 2007 que se aplicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, se contemplaban los centros como una medida de política pública, pero habían sido manejados dentro de la política general en materia de atención, porque no contaban con un marco legal. Esto también provocó que sin especificidades, tampoco podían tener más recursos.

Antes, e incluso ahora, las mujeres deben acudir a ministerios por violencia, pero se ejercía violencia institucional sobre ellas y eso daña su seguridad, su integridad física y mental.

Con estos cambios, tendrán no sólo atención jurídica sino psicológica, además, serán atendidas por parte de personal que estará mejor calificado en materia de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. De esa forma, el acceso a la justicia se simplificará, pues lo tendrán en un solo lugar.

También es una mejora porque acotamos con claridad el nivel de responsabilidad de cada institución. Antes, los centro de justicia operaban a nivel federal desde 2010 y también a nivel estatal, pero ahora ya se definieron bien qué tipos de medidas pueden ofrecer ellos mismos o solicitar a la federación, como el caso de las alertas de género. Todo esto bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación y el Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia.

Este dictamen constituye una importante herramienta para que los tres órdenes de gobierno y los Poderes del Estado instrumenten acciones coordinadas para atender las violencias contra las mujeres y niñas a través de la correcta operación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Por último, se dio un giro en la perspectiva de justicia porque ahora la responsabilidad recae en el agresor, no en la víctima. Se suspendió el régimen de tutela o curatela para la persona que ejerza la agresión. Ahora, quien violente a niñas y mujeres es quien pierde la tutela y el juez o jueza es quien tiene que notificar al agresor, no la víctima.

E: Suena ambicioso, ¿con qué recursos van a operar?
MM: El dictamen aseguró el funcionamiento de los Centros con un apartado que dice que no podrán recibir menos dinero del que designen el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos Presupuestos de Egresos cada año. Si en tres años se construyeron 55, con 300 millones de pesos, queremos ver más de ellos.