El pasado 8 de abril, el morenista Ricardo Monreal decidió que el Senado patearía de nuevo la discusión sobre la regulación del cannabis en México, justo casi cuatro años después de que la Cámara de Diputados aprobara su uso fines medicinales y terapéutico (con 301 votos a favor). Dicho dictamen se logró gracias a ciudadanos que promovieron -en primera instancia- recursos jurídicos como amparos para ellos, entre ellos destacan mujeres que también eran madres de familia y que fueron cruciales para visibilidad la necesidad médica de regular este uso en México.
Uno de esos casos fue Mayela Benavides, madre de Grace, una niña mexicana de tres años, que dejó de sufrir ataques epilépticos cada hora desde que hace cinco años que empezó a tomar una medicina basada en cannabis. Desde entonces, sus crisis son más breves, más esporádicas y menos intensas.
Grace, que padece el síndrome de Lennox-Gastaut, fue la primera persona con acceso legal a este tipo de medicamento en México gracias a que Mayela emprendió una batalla legal que ganaron en agosto 2016 y que obligó a las autoridades sanitarias mexicanas a garantizarles la obtención de cannabidiol (CBD), un aceite terapéutico para reducir los ataques de su hija.
Su historial, que se basó en una necesidad de atender labores de cuidado muy específicos y que no recibió antes la atención del Estado -y por ley- ni de ningún privado, despertó la esperanza e interés entre familias que padecen casos similares. Y ahora, en una segunda etapa, también en mujeres que buscan capitalizar toda su formación y documentación que originalmente les sirvió para cuidar de un familiar.