“Desde las miradas incómodas en el metro hasta la falta de políticas públicas que protejan a estas comunidades en las grandes ciudades. No es solo la ausencia de servicios, es la idea de que estas personas ‘no pertenecen’ a ciertos espacios urbanos”. Con estas palabras, Sofía Ramírez, coordinadora de proyectos en RacismoMX, describe el día a día de muchas personas indígenas, afromexicanas y de piel morena en México. El racismo estructural en el país va mucho más allá de agresiones verbales o físicas: se esconde en prácticas, políticas y discursos que normalizan la exclusión de estas comunidades en el ámbito laboral, educativo, político y cultural.
México: 44% de personas indígenas y afromexicanas sufren discriminación
México ha construido su identidad nacional en torno a la idea del mestizaje, promoviendo una narrativa que aparenta inclusión, pero que en la práctica borra y uniforma las identidades. “La estructura del racismo en México es particular por su lógica de integración; pretende borrar las identidades y remplazarlas con una sola idea de ser mexicano. Se es mestizo, se habla español, se habita en las ciudades. Si bien al hablar de integración puede parecer positivo, esto es problemático porque al plantar esta idea se borran todas las demás identidades que no caben en esta estructura o que la quiebran”, explica Ramírez. Esta visión única de lo que significa ser mexicano ha resultado en un sistema de exclusión, en el que quienes no encajan en ese molde son considerados como “otros” y, por lo tanto, marginados de muchas formas.
Para las personas indígenas y afromexicanas, el problema no radica únicamente en cómo son percibidas en la sociedad, sino en cómo las políticas públicas las representan (o, más bien, no las representan). “Cuando el Estado se propone diseñar políticas públicas para ellas, les concibe solamente de esa forma y ahí está el problema más grande. Como resultado de esta forma única de concebir su realidad, no hay espacios en políticas públicas dedicados a ellos cuando se les retrata en la urbanidad. No reconoce las violencias específicas que enfrentan, como la invisibilización, la discriminación constante, la glotofobia o el perfilamiento racial”, agrega Ramírez. El impacto de estas omisiones es profundo y duradero: crea barreras para su desarrollo y perpetúa la idea de que no forman parte del tejido urbano.
Según datos del INEGI, el 44% de las personas indígenas y afromexicanas han experimentado discriminación por su origen étnico o su color de piel. Este tipo de racismo, que afecta a casi la mitad de estas comunidades, no es solo anecdótico. La discriminación laboral es uno de los ejemplos más claros de cómo el racismo estructural se traduce en exclusión económica: el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) reporta que el 20% de las personas que se autoidentifican como indígenas han sido rechazadas al solicitar un empleo en el sector formal.
A nivel político, el problema es igual de grave. “A pesar de que las personas racializadas, de piel morena u oscura, que no se identifican con alguna categoría como lo es el ser afromexicano o indígena, son alrededor del 60% de la población, en 25 años solo han ocupado un promedio de 20% de lugares en los gabinetes presidenciales”, señala Ramírez. La situación es similar en el ámbito mediático: las personas racializadas están excluidas de la mayoría de los espacios de representación, y cuando aparecen, se les suele encasillar en roles estereotipados.
La voluntad política es uno de los factores más importantes para el cambio. “En tanto a la representación política, las acciones afirmativas han demostrado ser una herramienta efectiva para contrarrestar la exclusión histórica en lugares como el Congreso”, dice Ramírez. Un ejemplo concreto es la implementación de escaños reservados para representantes de pueblos indígenas. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios de verificación ha permitido que algunas personas usurpen estos espacios. Durante las últimas elecciones locales en la Ciudad de México, tres de las cuatro candidaturas afromexicanas al congreso local fueron impugnadas por falsedad, lo que evidencia la urgencia de establecer mecanismos más transparentes.
En el ámbito educativo, el racismo comienza a reproducirse desde temprana edad. “La educación básica y media es uno de los lugares formativos de los estigmas raciales en la sociedad mexicana. El racismo está presente en un sinfín de elementos de la educación, desde la permanencia del mito del mestizaje hasta la invisibilización de las comunidades afromexicanas en la historia”, comenta Ramírez. Los casos de bullying racista, como el de “Santiago”, un chico afromexicano que fue víctima de hostigamiento y un intento de homicidio por parte de sus compañeros, reflejan la gravedad del problema. “Si el profesorado contase con formación antirracista, este caso, como muchos otros, habrían sido detectados a tiempo y se habría logrado intervenir”, agrega.
Los desafíos se amplifican cuando se intersectan con otras formas de opresión, como el género y la orientación sexual. “Las mujeres racializadas enfrentan una diversidad de problemas más amplios como resultado de sus intersecciones. Por ejemplo, las personas que se dedican a la partería o que son trabajadoras del hogar suelen identificarse como mujeres y, además, suelen ser racializadas. Las violencias que enfrentan no son sistemáticas de un solo sistema de opresión, sino que son el resultado de la interacción de más de uno”, explica Ramírez. Un claro ejemplo es la sobre-criminalización que enfrentan las trabajadoras del hogar, quienes a menudo son vistas con sospecha en sus propios lugares de trabajo y se les niega el acceso a derechos básicos.
Para abordar esta realidad, la agenda antirracista de RacismoMX incluye medidas concretas para mejorar la representación, proteger los derechos y visibilizar las violencias específicas que enfrentan las comunidades racializadas en México. Uno de los pasos fundamentales es mejorar la recolección y análisis de datos étnico-raciales para influir en la formulación de políticas públicas. “Hoy en día, no es posible saber cuántas personas racializadas están en la cárcel ni los motivos principales de sus detenciones, a pesar de que esta información ya se colecta. Este dato es crítico porque permite identificar impactos diferenciados de políticas estatales por motivos étnico-raciales y, en alguna medida, contrarrestarlos”, explica Ramírez. Sin esta información, las políticas continúan diseñándose de manera uniforme, sin reconocer las realidades diferenciadas que viven estas comunidades.
10 Consejos para Combatir el Racismo Estructural en México
- Establecer lineamientos claros para la auto-adscripción calificada en los procesos electorales. Esto garantizaría la representación legítima de las comunidades indígenas y afromexicanas, evitando la usurpación de identidades.
- Crear un Observatorio Nacional contra el Racismo para monitorear y evaluar el progreso en la implementación de políticas antirracistas en todo el país, y trabajar con organizaciones comunitarias para asegurar que las necesidades locales se prioricen.
- Capacitar a docentes y servidores públicos en diversidad y antirracismo para detectar y actuar ante situaciones de discriminación en sus respectivos ámbitos.
- Integrar una perspectiva antirracista en el sistema educativo desde la educación básica, incluyendo formación continua para el profesorado y la revisión de los materiales educativos para reflejar la historia y contribuciones de las comunidades indígenas y afromexicanas.
- Desarrollar políticas de salud inclusivas que respondan a las necesidades específicas de las comunidades racializadas, creando protocolos específicos y formando al personal de salud en temas de diversidad.
- Priorizar el acceso a vivienda digna para comunidades históricamente marginadas, garantizando su derecho a permanecer en sus territorios y evitando procesos de gentrificación que las expulsen.
- Promover la representación auténtica en medios de comunicación a través de la implementación de criterios de antirracismo en programas de becas y subsidios para periodistas y creadores de contenido de comunidades racializadas.
- Respetar el derecho a la consulta previa y a la autodeterminación de las comunidades indígenas en proyectos con impacto ambiental, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas.
- Desarrollar campañas de sensibilización con enfoque interseccional que visibilicen las múltiples formas de discriminación que enfrentan las comunidades racializadas, abarcando género, origen y orientación sexual.
- Fomentar alianzas interseccionales entre movimientos sociales para construir un frente común contra las diferentes formas de opresión, uniendo fuerzas entre el activismo antirracista, feminista y de la diversidad sexual.