¿Dónde está el estancamiento?
Hay un estancamiento que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio no ha logrado mejorar: la aplicación de la perspectiva de género en cada eslabón de la cadena de investigación.
“Una constante en ambos sistemas, además de la falta de recursos, es la capacitación del personal, los temas de corrupción; se suma la dinámica del rechazo —consciente e inconsciente— por parte de los operadores del sistema que va desde policías, hasta juez o jueza, de incorporar la perspectiva de género, y no sólo en este delito sino en todos”, agrega Edith López, también consultora internacional en género y derechos humanos.
El problema no sólo es penal: es cultural, de educación y capacitación de quienes procuran y administran justicia, como explica Olga Islas de González en
Criminalia
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Aunque a razón de las especialistas consultadas, el sistema funciona, hay una inercia preexistente. Con el nuevo sistema de justicia penal se tenían muchas expectativas a resoluciones más prontas, pero aún existe una resistencia a clasificar las muertes violentas de mujeres como feminicidio.
Edith López asegura que si bien hay una serie de protocolos que obligan a que la muerte violenta de una mujer sea investigada primero como feminicidio, esto no se ha logrado. “Sucede más con casos ligados al crimen organizado, que aunque hay elementos para probar que fue un feminicidio, las autoridades resuelven llevarlo como homicidio donde hay un estereotipo de que las víctimas no eran “buenas mujeres”, señala.
Para que a una víctima se le pueda facilitar el acceso a la justicia, ya sea en el sistema tradicional o el nuevo, necesita conocer el sistema y el procedimiento, explica Sayuri Herrera.
Otros dos puntos que no se han logrado afinar con el nuevo sistema de justicia penal son los criterios de reparación para las víctimas y la evaluación para el personal que ya se ha capacitado, asegura Edith López. Se necesita saber si el personal aprendió, si lo está aplicando, porque puede haber protocolos y manuales (como el
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
), pero, como sucedió en los casos de Mariana Lima y Lesvy Berlín, la familia es quien recaba pruebas, evidencias, información y señala probables culpables.
"El cambio de sistema penal no es todo. El acompañamiento que reciben las víctimas o sus familiares ha sido clave, porque los ministerios públicos no siempre quieren dar acceso a las carpetas de investigación y si las víctimas no saben que tienen derecho a esa información, es difícil que lo hagan valer. La diferencia es abismal de un caso a otro si se acompañaron de especialistas en la materia y de organismos locales, nacionales o internacionales de derechos humanos", explica la abogada.
En este cambio de sistema, asegura Sayuri Herrera, se debe tomar a la víctima como el centro de los procesos de justicia. “Porque es a ella a quien se le ha afectado su esfera de derechos, es a quien se debe reparar, es a partir de ella que debe haber una justicia transformadora, transicional. Este giro no es uno que haya permeado de manera suficiente en las instituciones en las que se forman abogadas y abogados y eso se traduce en la elaboración de la ley y de las normas”, afirma.
