El rango de edad con mayor vulnerabilidad son las niñas y adolescentes entre 11 y 18 años que conforman un total de 1,191 casos, según los registros de la SSa. Sin embargo, es posible encontrar decenas de casos en todo el territorio nacional de niñas que apenas están en la primera infancia.
Se trata de los registros de 41 mil 57 unidades médicas ubicadas en 17 centros de salud o instituciones gubernamentales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los Centros de Integración Juvenil, la Cruz Roja, las fiscalías estatales y la general, servicios médicos estatales, municipales, privados y universitarios, entre otros.
El análisis de los datos de la SSa sobre ingresos a urgencias durante 2019 y 2020 arrojó 258 casos sobre ingresos de hombres. La mayoría de ellos (79%) son menores de entre uno y 16 años de edad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define
la violencia sexual como los actos en los cuales una mujer es forzada físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad u obligada a realizar un acto sexual degradante o humillante. La violencia sexual va desde el acoso verbal hasta la penetración forzada.
Está acompañada de coacción —intimidación psicológica, amenazas o extorsión—, presión social y, en muchos casos, fuerza física. También hay violencia sexual cuando la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, como al estar bajo el influjo de alguna bebida alcohólica o estupefacientes, estar dormida o tener una discapacidad mental.
A los centros de urgencias de los hospitales públicos llegan los casos más graves, casi siempre cuando es evidente una agresión, aunque esto no significa que exista una investigación por parte de la autoridad.
La gran cifra negra
La información pública apenas alcanza a reflejar parte de la violencia que se cometió en medio del confinamiento por la crisis sanitaria. ONU-Mujeres
señaló
que con la pandemia se incrementó la violencia contra las mujeres por diversos factores como preocupaciones económicas, condiciones de vida limitada, aislamiento con los maltratadores, restricciones de movimiento y espacios públicos desocupados.
“No todas las mujeres que viven violencia sexual acuden a un servicio de salud pública, algunas prefieren los servicios privados y muchas más ni eso. El número es bajísimo en relación a la magnitud del problema”, advierte Laura Martínez, psicóloga y fundadora de la
Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas
(Adivac).
Cuando una persona llega al sector salud —explica la especialista— generalmente no llega sola, acude con algún familiar que notó una gran afectación. “Son los casos más graves, pero no los únicos. La cifra negra es de las más altas en materia de delitos”.
Los registros de urgencias reflejan que durante la pandemia bajaron los delitos sexuales. En 2019 se registraron 3,258 ingresos a urgencias —2,993 de mujeres y 265 de hombres—, mientras que en 2020 fueron 2,970.
Sin embargo, esto no se ve reflejado en las denuncias sobre delitos sexuales. Un
estudio
de México Evalúa muestra que en 96.4% de los casos de violación de julio a diciembre de 2020 no hubo una denuncia o no se inició una investigación, mientras que 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de edad en el mismo periodo no fueron denunciados.
La OMS ha detallado que algunas de las razones por las que las mujeres no notifican sobre la violencia sexual que han padecido tienen que ver con sistemas de apoyo inadecuados, vergüenza, riesgo de represalias o temor a ser culpadas, así como de que no les crean, de ser tratadas mal o de ser socialmente marginadas.
