Para construir la estrategia, el coordinador informó que los gobiernos estatales y la FAO analizaron el diagnóstico de violencia de género, condiciones laborales, de seguridad social y educación desde que las mujeres salen de sus lugares de origen, durante el tránsito y en el contexto laboral. “Cuando acuden a las unidades de salud en los estados receptores son discriminadas, rechazadas, muchas son vistas como personas que vienen a usar servicios que no les corresponden”.
Así, identificaron que las empresas muchas veces no generan horarios diferenciados para las jornaleras, no siempre tienen dónde dejar a sus hijos y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidados recae sobre ellas.
“Estamos trabajando una agenda de derechos a la protección social de las jornaleras agrícolas, con un enfoque que surja también desde ellas”, explica Isaías Gómez Sánchez.
A la par, se trabaja en una red de promotoras de la protección social, con liderazgo comunitario, municipales y a nivel institucional, para capacitar a las y los funcionarios.
Por otra parte, Margarita Nemesio, del CECIG, recuerda que en 2014, la sociedad civil conformó la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas con trabajo en Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas ha identificado violencias en los servicios de salud pública hacia las mujeres, desde que no hay personal capacitado que entienda su lengua indígena hasta que por ser migrantes a las jornaleras se les recrimina que ocupen la atención médica de una entidad que no es la suya.
Por ello, la Red busca que aunque no tengan seguridad social, puedan acceder a servicios médicos con intérpretes en sus lenguas originarias, un derecho al que Rocío, Eneida y Guadalupe no han tenido acceso.
*Rocío, Eneida y Guadalupe son nombres sin apellido para mantener la confidencialidad de sus datos personales
