Entre la discriminación y el riesgo
Licenciada en administración de empresas y estudiante de literatura, María Clemente García no ha podido sin embargo ejercer profesionalmente, según ella, por discriminación.
Hasta hace poco, esta activista de izquierda se ganaba la vida como taxista en Ciudad de México.
Es "histórico que el sector más vulnerable de la población de la diversidad sexual, las mujeres trans, seremos parte en la toma de decisiones del país", refiere García, de 36 años.
Debido a la violencia en su contra, la esperanza de vida para las personas trans en México es de 35 años, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a 77 de toda la población.
Por número de víctimas, México es el segundo país más letal para los transexuales después de Brasil, señalan por su parte las ONGs Letra S y Transgender Europe.
En 2020 fueron asesinados 79 miembros de la comunidad LGBT en México (43 de ellos personas trans), frente a 117 de 2019, una baja que Letra S atribuye a las restricciones por la pandemia de COVID-19.
Como parlamentaria, García se propone modificar el primer artículo de la Constitución, que prohíbe la discriminación por "preferencia sexual" -concepto que considera "equivocado"- para que lo sea por "orientación sexual, identidad y expresión de género".
También impulsará la creación de la primera clínica integral para las personas trans en la capital.
"No somos iguales a los gays, ni a las lesbianas, no vivimos lo mismo y a veces estamos atrás [rezagadas] en las demandas", afirma.
A su vez, Luévano quiere ampliar el derecho a la identidad de género para reducir la "pobreza extrema" que aqueja a la población trans por "falta de oportunidades".
Esa garantía, que permite cambiar de nombre y género en documentos oficiales, está reconocida en 13 de 32 estados mexicanos.