Sobre el origen de la iniciativa, Georgina explicó que el INE recibió peticiones de medidas similares por parte de grupos feministas para que se incluyeran como requisitos en los últimos comicios.
“Sin embargo, hay mucho que repensar porque los candidatos sólo entregaron una carta bajo protesta de decir verdad donde dijeron que efectivamente no contaban con una sentencia firme, 100% de los candidatos la entregaron”. No obstante, apuntó que de la muestra representativa y aleatoria no encontraron ninguna sentencia en sus consultas a penitenciarías de todo el país.
La muestra representativa se determinó por una composición de 70% hombres y 30% mujeres.
“Primero tuvimos que descartar casos por homonimia o porque algunos centros de justicia no contaban con archivos digitalizados o físicos”, dijo.
Posteriormente, los señalamientos por violencia sí llegaron, particularmente sobre ocho candidaturas de distintas personas y al final sólo se pudieron comprobar, con sentencia firme en tres casos. Una de las aspirantes sancionadas es Ana Elizabeth Ayala Leyva, de la coalición Juntos Hacemos Historia, quien contendía por una diputación de mayoría relativa en el Distrito 2 de Sinaloa y, cuando se desempeñó como tesorera municipal de Ahome, ejerció violencia política de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benítez.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó para atrás la determinación del INE de cancelar su candidatura debido a que “el órgano electoral no puede determinar que aunque estas personas cuenten con una sentencia, no quiere decir que no tengan una forma de vivir honesta”.
Por ello, las candidaturas fueron restituidas el sábado, un día antes de las elecciones, aunque sí contaban con una sentencia firme.
“Tenemos que pensarlo de otra forma, buscar precedentes que nos puedan servir, y anticiparnos a fallos que no favorezcan los esfuerzos para combatir la violencia de género por parte de actores políticos”, dijo