Radiografía de partidos y candidatos y sus 3 de 3 de violencia de género

Aunque es un avance, señalan las especialistas consultadas, el filtro que acordaron el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos puede no resultar suficiente, pues los acusados tienen que contar con una condena o sanción mediante resolución firme. De ahí que Félix Salgado Macedonio (candidato la gubernatura de Guerrero por Morena), quien cuenta con al menos cinco señalamientos jurídicos por violación, puede aparecer en la boleta electoral.

¿Quiénes lo han presentado y cómo funciona el 3 de 3 de violencia de género?

Todos, absolutamente todos los candidatos y registradas con registro vigente.

Gina de la Fuente, especialista electoral y consultora para el INE, explica que de los 21,368 cargos y 15 gubernaturas en disputa, cada uno de los candidatos tuvo que agregar su declaración de 3 de 3 firmada como requisito para obtener su registro. “Lo entregaron todos y todas para meter su solicitud de registro, sin importar si iban para candidaturas titulares o suplentes”, detalla.

Este acuerdo se logró en octubre de 2020 y, a finales de marzo de 2021, el Consejo General del INE aprobó que estas declaraciones serán corroboradas por el órgano regulador con la cooperación de autoridades locales, que brindarán información sobre la existencia de procesos que ya cuenten con sentencia.

El INE será responsable de revisar una muestra que se enfocará en las diputaciones federales. Para el resto de las candidaturas locales (gubernaturas, alcaldías, consejos), serán los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) quienes se encarguen de la organización de las elecciones en su entidad federativa y del levantamiento y comprobación de una muestra por estado.

“Se va a determinar una muestra aleatoria para hacer la investigación de esos candidatos en particular, además de que queda abierta la posibilidad de que cualquier persona pueda aportar elementos al INE si tiene información de que alguien no cumple", señala de la Fuente. “Si un candidato electo no hubiera formado parte de la muestra originalmente revisada, se analiza su expediente con las autoridades correspondientes antes de entregarles la constancia de mayoría. Y con el fin de que ningún partido se quede sin competir en los comicios porque algún candidato sea suyo tenga una sentencia en contra, se les dará un plazo para sustituir al aspirante”.

El Consejo General del INE recibirá las indagatorias que se realicen sobre candidatos y emitirá un dictamen para el consejo general.

La participación de los partidos políticos en la implementación de esta medida

De la Fuente opina que el requisito de que la solicitud para sancionar a candidatos sea que ya existan sentencias firmes es una deficiencia del modelo, sin embargo, apunta que los partidos también tienen la obligación de revisar quiénes son sus candidatos.

“Se tuvieron reuniones de trabajo para trabajar en conjunto y poder proponer medidas viables. Primero con toda la resistencia del mundo se planteó que presentar acusaciones bastaría, pero después se determinó que con sentencia firme”, señala la consultora que trabaja para el INE.

En el mismo sentido, un candidato de Morena a puesto de elección local en Ciudad de México, que decidió mantener identidad anónima, considera que la medida es “burocrática”, y que por ello no logra cumplir con su cometido.

Explicó que el documento que él firmó para obtener el registro de su candidatura contempla solamente, a protesta de de decir verdad, si tienes una sentencia por violencia de género.

“Entonces ni te preguntan si alguna vez cometiste algún acto violento en contra de mujeres, lo único que les interesa saber es si tienes una sentencia”, abundó.

Además, el 20 de octubre de 2017, los entonces nueve partidos políticos nacionales (Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista Mexicano, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social) firmaron cinco compromisos al sumarse a la campaña HeForShe, promovida por ONU Mujeres.

En ella se comprometieron a garantizar que las plataformas de los partidos políticos en el proceso electoral de 2017-2018 promovieran los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. También a capacitar a todas las candidatas y candidatos en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación, a tener paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas, así como a implementar un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño en el caso de violencia contra las mujeres, al interior del partido político.

Sin embargo, hay partidos que antes de ser auditados por este 3 de 3 admitieron, a través de Transparencia, que cuentan con casos de violencia al interior de sus organizaciones políticas dentro del periodo de 2018 a febrero de 2021.

Morena admitió tres casos: uno en Nayarit, por un caso de violencia política de género, y dos en Guerrero por casos de violencia de género.

Movimiento Ciudadano dijo que sí existe un caso relativo a una denuncia o queja por acoso u hostigamiento, la cual se encuentra en proceso de análisis y resolución. Sin embargo, no dio más detalles sobre la naturaleza de la misma.

El PRI dijo que sólo un caso, que ya fue resuelto, sucedió en Morelos en 2020. No obstante, tampoco ofreció más información al respecto.

El PRD se declaró incompetente y al mismo tiempo recomendó acudir a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para corroborar dicha información.

El PAN señaló que tampoco existen casos en su partido dentro del periodo consultado.

PT dijo que no se tiene registrada ninguna denuncia, queja o procedimiento sobre violencia sexual ante la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias, que es el órgano disciplinario interno del partido.

En la misma línea, Encuentro Social y el PVEM también negaron la existencia de alguna queja o denuncia por motivos de violencia de género.