Ivanna Molina acampa frente al Palacio de Gobierno de República Dominicana desde hace 10 días junto a un centenar de activistas que, como ella, esperan una relajación de la estricta ley antiaborto que castiga con cárcel la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.
La Cámara de Diputados discute desde este martes si se incluyen en una reforma del Código Penal de 1884 las tres causales en las que un aborto sería legal: cuando el embarazo es producto del incesto o violación, de riesgo de vida de la madre, o que el feto tenga una malformación incompatible con la vida.
El texto actual prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres que aborten, y de hasta 20 años para quienes los practiquen, aunque son raros los casos judiciales que se abren por esta causa.
Los legisladores contemplan también la posibilidad de abordar el asunto en una ley aparte.
"Estamos cansadas de esperar, estamos cansadas de que los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas se pongan en juego, se posterguen, se dilaten", dijo a AFP Molina, que además de activista es abogada. "Decidimos que este es el momento en que ya no se puede esperar más, el Código Penal está en discusión ahora".
