La principal condición para que suceda es que México debe contar con marco legal donde el trabajo sexual no sea una práctica perseguida ni punible. Hasta 2014, el artículo 205 del Código Penal consideraba una sanción de entre 5 y 12 años de cárcel a quien promoviera, facilitara, consiguiera o entregara a una persona con el fin de ejercer la prostitución dentro o fuera del territorio nacional. Fue el 14 de enero de ese año que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el entonces Distrito Federal reconoció a la prostitución como una forma de empleo.
Y aunque el objetivo de la sanción, en parte, también estaba relacionada con el combate a la trata de personas, dejó en un estado de ilegalidad y vulnerabilidad a quienes optaron por el trabajo sexual como una vía para generar ingresos propios con total consentimiento.
Existen instituciones como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Ciudad de México (COPRED) que ya reconocen la autonomía de quienes deciden sobre su propio cuerpo y que, en consecuencia, optan por el trabajo sexual.
Sin embargo, para que exista un marco legal que ofrezca plenitud en el ejercicio de la prostitución se deben incluir a instituciones de carácter federal que tengan que ver con la regulación del empleo como el IMSS, ISSSTE, así como de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) e Inmujeres, de acuerdo con la abogada Alejandra López, directora de la Agencia Estrategia, que se especializa en políticas públicas.
"Una parte importante es combatir el estigma y por eso es positivo que se sumen órganos como Copred o Conapred, pero para ser reconocido como un trabajo legal se necesita el respaldo de las dependencias que existen para proteger al trabajador", dijo Irene Valdivia.
Además, eso contribuiría a establecer una tarifa mínima para garantizar que ninguna trabajadora malbarate su trabajo, así como a obligar a establecimientos (como hoteles y moteles) a ofrecer condiciones mínimas de seguridad necesarias para las trabajadoras, señaló.
En entrevista con Expansión Mujeres, Valdivia dijo que como segunda necesidad una estrategia específica para combatir la trata de personas, pero que para su construcción se considere la experiencia de las trabajadoras sexuales y las necesidades de las víctimas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos define a la trata de personas como la explotación sexual o trabajos forzados de una persona por otra por un medio violencia física o moral, engaño o el abuso de poder. Y Arun Kumar, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León explica que la trata de personas en México es parte de un problema global, pues de 10 personas secuestradas, 3 son trasladadas fuera del país.
Según Kumar, frecuentemente se vincula la trata de personas con la prostitución, pero no tienen que ver. Legalmente es necesario que para considerarse prostitución, la persona lo ejerce de forma voluntaria; se ejerce de distintas formas: en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o inclusive vía internet
Como tercer elemento, Irene Valdivia señala el acceso a salud como un grupo demográfico que ejerce una labor de riesgo. En primer lugar, en Morelia no cuenta con acceso a los tratamientos hormonales que tiene que tomar en Ciudad de México pese a que ella misma pagó un seguro facultativo para ser atendida por el sistema público de salud.
"Mi 'mamá trans`' me cuidaba y orientaba, me enseñó a hacerlo de forma segura, pero ir a revisiones médicas y decir a qué te dedicas es un problema".
En el mismo sentido, Arleth Palestina, abogada y representante de Brigada Callejera (organización civil sin fines de lucro, apartidista y laica, integrada por trabajadoras sexuales) dice que el mayor pendiente que las mujeres tienen es contar con atención médica, la cual incluye la obtención de preservativos que evitarán no sólo embarazos no deseados, sino también el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Brigada Callejera surgió hace 24 años a raíz de una investigación para la tesis de estudiantes de Sociología de la UAM, desde entonces ha sido una red de apoyo para mujeres que optaron por esta vía para sostenerse a sí mismas y a sus familias.
"En el mayor de los casos, ellas son quienes mantienen a su familia porque son madres solteras. Pero es difícil para ella no tener seguro social, porque sus hijos tampoco tienen", dijo.
Exhorta además, que la inclusión de las trabajadoras sexuales al sistema de salud tiene que ser a nivel federal, puesto que las redes de organización civil no siempre cubren todo el territorio mexicano; en el caso de Brigada Callejera tienen presencia en 24 estados de la República.
