El problema de la visibilización
El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto de Estadísticas y Geografía (Inegi) mostró que en México existen 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad (4.9 % de la población total del país), de las que 53% son mujeres. El grupo poblacional que más presenta alguna discapacidad es el de 60 años y más con 20.4% del total.
Maryangel García Ramos, fundadora de la organización Mujeres Mexicanas con Discapacidad, recuerda que en México 22.7% de personas con discapacidad son analfabetas y que sólo 39.1% pueden trabajar, lo hacen según cifras de Conapred.
La abogada Yasmín Rosales, del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), afirma en entrevista con Expansión Mujeres que, aunque existen cifras sobre las personas que sufren discapacidad, en México no cuentan con instrumentos, como cuestionarios específicos, con perspectiva de género.
“Aunque es el máximo organismo en México, Inegi tiene delimitada su estadística, porque no considera variantes de género o de raza, y cómo influyen en el acceso a atención médica o cuánta discriminación sufren por tener alguna discapacidad”, dice.
En este caso, advierte, deriva en que las mujeres tengan menos acceso a educación formal, a la educación sexual, a trabajos e, incluso, a la atención médica que requieren como parte de sus tratamientos.
¿Qué herramientas tienen las mujeres a su favor?
“Si las mujeres no tienen dinero para pagar un médico que quiera atenderlas o a un patrón que no quiera contratarlas, menos a un abogado que quiera defenderlas. Por eso es importante cerrar filas desde lo público”, apunta Rosales.
Es así que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) cuenta con 32 asesoras y asesores jurídicos especializados en la atención de mujeres con discapacidad para que tengan acceso a una defensa de calidad y gratuita en todo el país en linea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a favor de la inclusión.
Por este medio se han logrando sentencias favorables para acceder a servicios médicos, entrega de medicamentos de alto costo, acompañamiento para obtener pensiones gubernamentales y educación inclusiva.
“Las y los abogados de la defensoría pública tienen que identificar el tipo de discapacidad que tiene el usuario para, en su caso, brindar las ayudas técnicas necesarias con las que se cuenten y solicitar la intervención de peritos especializados en las diversas discapacidades”, explica Rosales.
Las ayudas técnicas tienen que ver con el acceso a dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Según Rosales, con ello se elimina paulatinamente la visión paternalista que existe sobre las discapacidades.
Ameijenda, por su parte, opina que todas las personas pueden aprender de la inclusión y de su importancia en distintos ámbitos mediante procesos orales, como se aprender tantas cosas durante la infancia.
"La escucha de las diferentes vivencias de las personas con discapacidad hace que otras personas puedan verla realmente como es y no como una forma de infantilizar permanentemente a quienes las tienen", dice.
También aboga por la difusión de lo que es una discapacidad para quitar cualquier estigma y, por el contrario, se pueda generar interés y por lo tanto, aprendizaje.
Por último, Popeo de Inclúyeme exhorta acudir a instituciones como Conapred, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o al Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad (CONADIS), para denunciar la discriminación.
"Sin embargo, creemos que más allá de eso, lo que se necesita es un cambio de cultura en nuestra sociedad. Dentro de las empresas, también existen diferentes canales en donde se puede denunciar cualquier tipo de discriminación ya sea de género, de identificación sexual, abuso de poder, generacional", dijo.
