El 2 de julio se publicó el decreto que da vigencia en el país al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a las condiciones laborales “decentes” para las personas que se dedican al trabajo doméstico, que en su mayoría son mujeres (1.9 millones, es decir 88% del total en México). No obstante, los pendientes sociales con este segmento de la población, que asciende a 2.2 millones de personas, aun son muchos.
“Desde los primeros días intenté ver cómo podía asegurar a Manuela. Al principio, no funcionaba el sistema sino hasta después de dos o tres semanas. Me puse de acuerdo con otros dos de sus empleadores y todas las partes acordamos pagar por un registro conjunto. Pero la verdad es que el sistema tiene mucho que mejorar”, dice Gutiérrez.
Para ella existen tres áreas de mejora: que la plataforma no sea más amable para las personas que no saben de tecnología, en un país que tiene sin acceso a internet a 40 millones de personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También señala que no hay transparencia para la trabajadora del hogar, pues ella sólo ve un recibo por el total de los pagos, pero no sabe si todas las partes están pagando lo acordado. “No sabe cuántos días y qué sueldo le ingresé”, apunta su empleadora.
Por último, señala que no es posible hacer transferencias de cuentas personales directamente al sistema, sólo es posible hacerlo desde cuentas empresariales o depósitos bancarios que se tienen que hacer forzosamente desde la ventanilla de la institución bancaria, hecho que podía inhibir la participación de más empleadores, que hasta ahora es voluntaria de acuerdo con los parámetros del programa piloto del IMSS.
