Aun con la pandemia de COVID-19 en curso, el organismo se ha enfocado, entre otras acciones, en fortalecer la colaboración con la iniciativa privada también organizó conversatorios virtuales para visibilizar los efectos de la discriminación contra niños, niñas y adolescentes, mujeres indígenas y afromexicanas, así como personas la diversidad sexual y de género. También promovió las paternidades corresponsables con el fin de prevenir y dar opciones a los diferentes grupos en situación de desventaja.
A nivel federal, Conapred trabajó en la planeación y diseño del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2020-2024 (PRONAIND), en cuya próxima publicación incluirán obligaciones que vinculan a todas las entidades y dependencias de la APF (órgano de publicación de la regulación interna de la Administración Pública Federal) para combatir las prácticas institucionales de discriminación hacia las mujeres y otros grupos históricamente marginados en el ámbito de la salud, la seguridad y justicia, la educación, el trabajo y la seguridad social.
De igual manera colabora con Inmujeres en las mejoras a la Norma 25, la cual reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no discriminación. Así se certificó a 267 centros laborales públicos y 166 centros laborales privados.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta la última actualización realizada en 2015, 220 empresas han recibido el certificado de esta norma.
Algunos de los requisitos para conseguir esta certificación es la integración de la plantilla de personal con al menos 40% de un mismo sexo, un mínimo de 40% de mujeres en puestos directivos, contratar personal con discapacidad en una proporción de 5% cuando menos de la totalidad de las y los trabajadores, contar con un ombudsman y llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación dirigidos al personal y sus familia.
Sunny Villa, directora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y especialista en economía de los cuidados, explica que la creación de programas o proyectos pensados para impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral es necesario luego de que fueran particularmente afectadas por el impacto de la pandemia en la pérdida de empleos y en la saturación en las labores de cuidado no remuneradas.
Pero además, también tendría impacto en la recuperación económica del país, por ejemplo, al aumentar la recaudación fiscal de las mujeres que sean incorporadas al sector formal. “En México, las mujeres aportan 34% de la recaudación fiscal al ingreso laboral, pero no es porque seamos evasoras, sino porque nuestro acceso a la formalidad es más reducido y la brecha salarial por género es mayor”, dice Sunny Villa.