De SMS a mujeres conductoras: Los mensajes del Conapred en pandemia

”Es una de varias iniciativas para promover la igualdad de género y la no discriminación, que incluyen también un convenio estratégico entre el CONAPRED y DiDi”, señala González.

El objetivo del proyecto era incluir a más mujeres en la plataforma para acceder a oportunidades de ingreso flexible, reducir la brecha de género. El pasado 2 de marzo informaron que con la aplicación de ese programa se registró un incremento anual de 28% en el registro de conductoras.

Asimismo, un análisis reciente sobre conductoras en la plataforma muestra que sus ganancias promedio mensuales han aumentado 17%, mientras que los viajes semanales de las conductoras aumentaron 27% y ellas hicieron más de 10 millones de viajes en la plataforma durante 2020.

Que todos los días del año sean 8 de marzo para poner sobre la mesa y analizar los avances que se ha tenido en el combate de la violencia de género, para disminuir las brechas de participación laboral y salariales, así como en una repartición más equitativa de las labores de cuidados. Y también para exigir la acción en áreas que aún tengan trabajo por hacer. Éste es el objetivo que se ha marcado Adelina González Marín, directora Conapred.

Aun con la pandemia de COVID-19 en curso, el organismo se ha enfocado, entre otras acciones, en fortalecer la colaboración con la iniciativa privada también organizó conversatorios virtuales para visibilizar los efectos de la discriminación contra niños, niñas y adolescentes, mujeres indígenas y afromexicanas, así como personas la diversidad sexual y de género. También promovió las paternidades corresponsables con el fin de prevenir y dar opciones a los diferentes grupos en situación de desventaja.

A nivel federal, Conapred trabajó en la planeación y diseño del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2020-2024 (PRONAIND), en cuya próxima publicación incluirán obligaciones que vinculan a todas las entidades y dependencias de la APF (órgano de publicación de la regulación interna de la Administración Pública Federal) para combatir las prácticas institucionales de discriminación hacia las mujeres y otros grupos históricamente marginados en el ámbito de la salud, la seguridad y justicia, la educación, el trabajo y la seguridad social.

De igual manera colabora con Inmujeres en las mejoras a la Norma 25, la cual reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no discriminación. Así se certificó a 267 centros laborales públicos y 166 centros laborales privados.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta la última actualización realizada en 2015, 220 empresas han recibido el certificado de esta norma.

Algunos de los requisitos para conseguir esta certificación es la integración de la plantilla de personal con al menos 40% de un mismo sexo, un mínimo de 40% de mujeres en puestos directivos, contratar personal con discapacidad en una proporción de 5% cuando menos de la totalidad de las y los trabajadores, contar con un ombudsman y llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación dirigidos al personal y sus familia.

Sunny Villa, directora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y especialista en economía de los cuidados, explica que la creación de programas o proyectos pensados para impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral es necesario luego de que fueran particularmente afectadas por el impacto de la pandemia en la pérdida de empleos y en la saturación en las labores de cuidado no remuneradas.

Pero además, también tendría impacto en la recuperación económica del país, por ejemplo, al aumentar la recaudación fiscal de las mujeres que sean incorporadas al sector formal. “En México, las mujeres aportan 34% de la recaudación fiscal al ingreso laboral, pero no es porque seamos evasoras, sino porque nuestro acceso a la formalidad es más reducido y la brecha salarial por género es mayor”, dice Sunny Villa.

Sin embargo, aún hay pendientes para evitar la discriminación y violencia a las mujeres. “Es un fenómeno social caracterizado por la asimetría en las relaciones sociales entre mujeres y hombres, de manera que una serie de prácticas excluyentes, naturalizadas y sistémicas limitan —frecuentemente como resultado de estigmas y prejuicios— el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y contribuye a la desigualdad social”, afirma González Marín.

La funcionaria señala que, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, Conapred ha alertado que en México, la violencia hacia las mujeres es la segunda problemática principal declarada que enfrentan como grupo las mujeres de 18 años y más (23.9%), siendo la primera la delincuencia e inseguridad (29.9%).

Además, si bien ha aumentado el número de mujeres elegidas o designadas para ocupar puestos de decisión, la plena paridad de género dista mucho de haberse logrado en México y Latinoamérica, algo que se vio reflejado con la reacción y manejo de la crisis sanitaria, pues las mujeres han sido particularmente afectadas por la pandemia. González Marín sostiene que la falta de mujeres en los cargos decisorios del sector público hace que los gobiernos no estén bien preparados para responder eventos extraordinarios como éste, precisamente; sin contar que las mujeres constituyen 70% de la fuerza de trabajo sanitaria y están en la primera línea. “Según un análisis de los equipos especiales de respuesta a la COVID-19 de 87 países, sólo 3.5% de ellos tenía paridad de género”, advierte.