Si bien este caso sucedió en otro país- del que soy originaria-, replica en toda la lucha por los derechos de las mujeres de todos los países, incluido México, donde todos los días mueren 7 mujeres por feminicidio.
Nos impacta no sólo por la dimensión de la gravedad que tiene este caso, viniendo de la mano de alguien que llegó a tener el máximo poder posible para decidir el destino y las políticas públicas de todo el país durante cuatro años, sino porque refleja una de las situaciones más graves y dolorosas detrás de las cifras de violencia de género: ella, al igual que las millones de mujeres que sufren violencias como esta, no fue sostenida por su entorno ni por los organismos oficiales que deberían hacerlo, sino criticada por los mismos organismos legales representantes de la Mujer cuando quiso denunciar y luego, ante el temor de las represalias, dejó de hacerlo.
Por situaciones como la de ella, en México, según la ONU, en 2023 sólo 1 de cada 10 mujeres hizo una denuncia formal de violencia de género, aunque estudios del Inegi hayan revelado que más del 60% de las mujeres reconoce haber sufrido violencia física, emocional y/o sexual al menos una vez a lo largo de tu vida.
El caso de Fabiola pone en la agenda del mundo lo que millones de mujeres viven por día, y la enorme cantidad de obstáculos por parte del sistema educativo, de salud, y de toda la sociedad que le impiden poder tener el acceso a la justicia que cualquier ser humano merece, sin importar género, raza, religión, edad, origen, ante una situación de vulneración absoluta de sus derechos como ser humano.
Y nos recuerda que la impunidad es un muro humano que se construye desde el poder político hacia la sociedad, pero no se sostiene solo, sino por todos y cada una de ellas cada vez que deciden por acción u omisión desproteger a quienes necesitan poder saber que tienen derecho a pedir ayuda. Y que, a cambio de ese acto de valentía, tendrán la garantía de recibirla.
Para lograrlo, hay que empezar por la creación y el fortalecimiento de normativas que aseguren la protección inmediata de las víctimas, evitando la revictimización, y que impongan sanciones ejemplares para los agresores, con un seguimiento constante para prevenir represalias.
Las escuelas juegan un papel central en este cambio: deben transformarse en espacios donde se enseñe la igualdad de género y el respeto de manera integral, combatiendo las actitudes machistas desde la raíz, así como las familias tienen la responsabilidad de ser el primer bastión contra la violencia, inculcando valores de respeto y equidad desde el hogar.
